El fracaso de la Justicia de San Luis: tras medio año de operativos cedió la investigación por la desaparición de Guadalupe

Se cumplen 6 meses de la desaparición inédita de una niña en San Luis. Su paradero sigue siendo una incógnita que duele acá y en todos lados. Como cada mes, este martes 14 hubo una marcha en la ciudad.

La noticia de que la Justicia provincial delegaba la investigación por completo al fuero Federal le puso fin a uno de los mayores interrogantes. Ya no había más lugares donde buscarla. Y lo que por todo este tiempo parecía una gran sospecha se encamina a tener un grado de certeza: Guadalupe Belén Lucero Cialone no está en San Luis.

Con esta decisión, la Justicia puntana se desprendió del caso. A esta altura admite que a la niña se la llevaron el 14 de junio ceca de las 19:20, cuando jugaba en la puerta de una casa, en el Barrio 544 Viviendas. Se la robaron, y en ese mismo instante la sacaron de la provincia.

A lo largo de los seis meses de investigación fueron varias las oportunidades en las que alguien advirtió que el caso “olía” a trata de personas, a hechos que pasaron en otras provincias. Pero en San Luis eso era inédito, increíble. En una tierra donde es común que los niños jueguen en las calles, de día y de noche. Nunca se desapareció una nena. Hay muchos casos de personas que de un día para el otro nadie volvió a ver, pero ella es la más chiquita.

La Justicia de San Luis, con el trabajo que instruyó la Policía a través de la División Investigaciones y con la intervención de  la Fiscalía de Cámara, apuntó fuertemente a los allanamientos y a los operativos cerrojos en la zona sur de la ciudad y en todos los espejos de agua.

Inclusive el 26 de noviembre, en Villa Mercedes, y en las orillas del Río V, en Justo Daract, la Policía montó importantes rastrillajes. Las tareas generaron sospechas porque un despliegue como eso no se veía desde hacía varias semanas. Esa puesta en escena coincidió con la llegada del periodista de Buenos Aires para grabar un informe sobre la desaparición. Sin embargo, la Policía después dijo que todo estuvo motivado por un llamado que entró al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

El 30 de junio, un testimonio encendía la primera alerta: una salteña aseguraba que Guadalupe había sido raptada por una red de trata. La información (publicada por la Agencia Noticias Argentinas) aseguraba que la mujer (una víctima de ese delito) había declarado ante la Policía local, y habría indicado el posible lugar donde podría estar. Este medio confirmó más tarde que los funcionarios judiciales se lo desmintieron a la madre de la menor, Yamila Cialone.

El 1° de julio llegó a San Luis Susana Trimarco con su hipótesis y las recomendaciones de que la investigación tomara otro rumbo e interviniera la Justicia Federal: “Tengo muy claro que ningún perejil puede hacer desaparecer a alguien de la faz de la tierra”. La madre de Marita Verón y presidenta de la Fundación María de los Ángeles les dijo a los periodistas que estaba “segura” que había “puntos en común” entre la desaparición de Guada y el caso de su hija, en 2002.

“Me arrebataron a mi hija cuando Marita tenía 23 años y mi nieta. Estoy segurísima de tener experiencia en cómo te arrebatan a una criatura; pasaron muchos días y mucho tiempo. Si hubiera sido un delito menor ya hubiéramos tenido noticias”, dijo.

“No saben qué hacer, todo lo que les dicen es nada. Los allanamientos no son referidos a la chiquita, nada lleva al paradero de Guada y me desespera mucho perder el tiempo”, agregó para referirse a los padres y abuelos de la niña.

Días después Trimarco cuestionó que “las fronteras se cerraron tarde”.

El 22 de agosto, a instancias de Cialone, Santiago Díaz, integrante de la Brigada R.I.K 9 (Rescate con Intervención Canina) emprendió viaje a San Luis. Con sus canes pudo reconstruir el trayecto que hizo la menor, los metros de descampado en plena oscuridad que cruzó con su captor hasta la Autopista de las Serranías Puntanas. El trabajo reveló que el rastro de la niña se perdió donde comenzaba la carpeta asfáltica. Si la Policía trabajaba bajo esa sospecha, nunca se lo comunicó a la familia, y esos datos se hacían públicos por primera vez. La idea de que a Guada la llevaron en un auto que escapó por la ruta (en dirección a Mendoza), tomaba fuerza y generaba la desesperación.

Según el informe oficial que se conoció la semana pasada, la Justicia puntana estudió 113 cámaras de la zona, públicas y privadas (unas 3 mil horas de captaciones fílmicas). Pero nada de eso sirvió para llegar a un indicio concreto. A los datos se debe agregar que en el sector donde se la llevaron, no había cámaras (y tampoco alumbrado público). Por la ruta, tampoco.

El 24 de agosto, la organización Madres de Víctimas de Trata tomó el retrato de Guadalupe y lo sumó a de otros tantos niños y adolescentes que faltan en Argentina. El tercer viernes de cada mes, la ONG hace una convocatoria para generar un impacto simbólico en la búsqueda de niños. Se juntan en la Plaza de Mayo y exhiben los retratos para que los encuentren.

El 16 de septiembre el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal designó tres fiscales federales para que se sumen al caso. Lo ordenó tras un pedido que formalizó Trimarco. Junto al fiscal federal provincial, Cristian Rachid se sumaron Marcelo Colombo, Alejandra Mángano (de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) y Leonel Gómez Barbella.

El primero de octubre, los funcionarios judiciales pidieron por primera vez que se investigue la hipótesis de “posibles delitos sexuales” relacionados a la desaparición de la menor. Puntualmente propusieron determinar “efectiva y adecuadamente si la desaparición se vincula con algún delito contra la vida, la integridad física, la integridad sexual o la libertad”.

De este modo, el equipo de fiscales solicitó la ampliación del objeto procesal “orientada a abarcar hipótesis que surgen de la causa que tramita en el fuero ordinario” porque podrían tener “vínculos con delitos de orden federal”.

Desde ese momento, independientemente de las tareas de búsqueda que orientaba la justicia de San Luis, la investigación se centró (en el ámbito federal) en saber si a la pequeña la privaron de la libertad para ser víctima de explotación sexual.

El 9 de diciembre se comunicó oficialmente el pase de la investigación al fuero Federal. Seis meses después arribaron a una hipótesis, y por eso la carátula pasó de “averiguación de paradero” a “averiguación de privación ilegítima de la libertad y/o apropiación de otros” en el marco del posible delito de tráfico de personas. Cuál fue el indicio que llevó a esa conclusión, no se dijo.

En el informe se indicó que la Policía tomó 900 testimoniales, y que la Justicia ordenó 465 allanamientos. Se secuestraron y se peritaron 150 dispositivos electrónicos portátiles, y se rastrillaron 18 lagos y perilagos, 1500 sectores fueron analizados. Con todo eso, nunca pudieron establecer el paradero.